SANTO DOMINGO – El Ministerio Público anunció formalmente que apelará la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que dictó un auto de «no ha lugar» a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como de otros tres implicados en el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Calamar.

Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó la decisión del tribunal como el resultado de una «errónea apreciación de varias pruebas», motivo principal por el cual el órgano persecutor buscará revertir el fallo en una instancia superior.

Un balance judicial agridulce

Aunque el Ministerio Público valoró como un avance en la lucha contra la impunidad el hecho de que 35 de los 40 imputados fueran enviados a juicio, Camacho enfatizó que la pretensión del órgano acusador sigue siendo que la totalidad de los procesados responda ante la justicia.

«Desde ahora, le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión. Y la vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas», subrayó Camacho tras la audiencia presidida por la jueza Altagracia Ramírez.

El procurador adjunto destacó que, entre los enviados a juicio, se encuentra Donald Guerrero, señalado como el «eje operativo» de la estructura criminal, lo que refuerza la contundencia de la acusación presentada por el Estado.

El Caso Calamar

La Operación Calamar, una de las investigaciones más complejas sobre corrupción administrativa en los últimos años, sostiene que los imputados formaron una estructura para defraudar al Estado dominicano por un monto superior a los RD$19 mil millones.

Según el expediente acusatorio, este desfalco se llevó a cabo mediante múltiples modalidades delictivas, entre ellas:

• Pagos irregulares: Compensaciones fraudulentas por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
• Financiamiento ilícito: Uso de sobornos para financiar la campaña electoral del 2020.
• Desvío de fondos: Sustracción de dinero destinado al pago de deudas de diversos ministerios.
• Esquemas ilícitos: Implementación de un sistema de sobornos en el sector de juegos de azar, el cual debía estar regulado bajo el marco jurídico por el Ministerio de Hacienda.

Con este anuncio, el Ministerio Público reafirma su postura de agotar todas las instancias legales para asegurar que los señalados por este desfalco millonario enfrenten un juicio de fondo por los delitos que se les imputan.