Santo Domingo.- El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, planteó este miércoles la modificación y derogación de varios artículos del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 3 de agosto, con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión, garantizar el Estado de derecho y lograr una protección más equilibrada de los derechos fundamentales.

Entre las reformas propuestas, el legislador sugirió modificar el artículo 208, relativo a la difamación, para que las penas de prisión se limiten únicamente a los casos de imputaciones falsas realizadas de manera dolosa, además de eliminar conceptos que considera imprecisos y que, a su juicio, generan inseguridad jurídica.

«Entendemos que deben privilegiarse los mecanismos de reparación civil por encima de la pena privativa de libertad en los casos ordinarios, ya que la protección del honor debe armonizarse con el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público», expresó.

Asimismo, propuso cambios al artículo 210 sobre la injuria, con el fin de que la intervención penal se reserve para conductas graves y dolosas, excluyendo las expresiones protegidas por la libertad de opinión y sustituyendo las penas de prisión por sanciones menos restrictivas.

Según Taveras, esta modificación contribuiría a fortalecer el derecho a la crítica y a la libre expresión de las ideas.

El senador independiente también planteó revisar el artículo 212, referente a la responsabilidad de las personas jurídicas en casos de difamación e injuria, para impedir que medios de comunicación puedan ser objeto de cierre, suspensión de operaciones, incautación de equipos o medidas similares como consecuencia de infracciones vinculadas al honor o la vida privada.

Propone eliminar dos disposiciones

El congresista, quien recientemente renunció al Partido Revolucionario Moderno (PRM), propuso además la derogación de dos artículos del nuevo Código Penal, al considerar que uno concede privilegios penales a los funcionarios públicos y el otro duplica una figura ya contemplada en la legislación.

En ese sentido, planteó la eliminación del artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionarios o servidores públicos, al entender que se trata de una disposición incompatible con los estándares democráticos y de derechos humanos.

«Esta disposición otorga una posición penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, en contradicción con el principio constitucional de igualdad ante la ley y con la necesidad de garantizar el escrutinio público sobre quienes ejercemos funciones públicas», sostuvo.

De igual manera, propuso derogar el artículo 209, que tipifica la difamación extorsiva, para incorporar esa conducta dentro de los delitos de extorsión, argumentando que afecta principalmente el patrimonio y los derechos de la víctima, y que ya está contemplada en el artículo 232 del propio Código Penal.

«Mantenerla como una figura autónoma generaría duplicidades innecesarias dentro del ordenamiento jurídico. Esta modificación busca modernizar nuestra legislación y alinearla con los principios constitucionales y los estándares internacionales de protección de derechos, a fin de evitar excesos en la aplicación del Código Penal», concluyó el senador.