SANTO DOMINGO. – La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien cumple la disposición en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, acusado de recibir un soborno de 10,000 dólares.

El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrado por las juezas Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro, desestimó de manera unánime el recurso de apelación presentado por la defensa del imputado, quienes buscaban revocar la resolución dictada originalmente por la jueza de instrucción especial Isis Muñiz.

«Estoy presto a enfrentar mi proceso»

Durante la audiencia, Valdez Alcántara tomó la palabra para defender su inocencia. El fiscal, quien formaba parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró poseer pruebas audiovisuales que, según él, demostrarán la falsedad de los hechos descritos por el Ministerio Público.

«Estoy presto a enfrentar mi proceso», declaró el encartado, al tiempo que cuestionó la objetividad de la investigación. El fiscal denunció que el órgano persecutor ha violado el debido proceso al intentar ocultar evidencias fundamentales y sugirió que la acusación podría estar motivada por «resentimientos personales» de los investigadores asignados al caso.

La postura del Ministerio Público

Por su parte, Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, defendió la solidez del expediente. Camacho calificó como «irrefutables» las evidencias técnicas que sustentan la acusación, haciendo especial énfasis en la naturaleza de la detención.

«No entiendo cómo se puede negar una entrega controlada. El dinero salió del Ministerio Público, fue marcado y fotografiado previo a la entrega; al imputado se le encontró exactamente ese dinero», explicó Camacho. El titular de la Pepca reiteró que este tipo de operaciones cuentan con un sustento probatorio que no deja margen a interpretaciones subjetivas.

Un mensaje de «cero tolerancia»

Este caso ha cobrado relevancia nacional debido a la investidura del imputado. Valdez Alcántara fue arrestado tras una operación de entrega controlada vinculada a Roberto Canaán, testigo clave en el entramado de corrupción del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Al ser cuestionado sobre las tácticas de la defensa, Camacho fue enfático: la condición de funcionario judicial no otorga privilegios ni impunidad. «Ser fiscal significa perseguir a cualquiera que haya cometido un hecho ilícito. La investidura no exime a nadie del cumplimiento de la ley», concluyó el magistrado, reafirmando la política de «cero tolerancia» que, según sostiene el Ministerio Público, rige la actual gestión institucional.

El Ministerio Público continúa con la fase de investigación, mientras que la defensa de Valdez Alcántara prepara sus elementos de descargo para la etapa de fondo.