Un giro de 180 grados sacudió este viernes el panorama judicial del Caso Calamar. La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, dictó un «no ha lugar» a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, excluyéndolos formalmente del proceso penal que se sigue por presuntos actos de corrupción en la administración pública.

Tras una jornada marcada por la intensa expectativa y varias horas de retraso, la magistrada Ramírez concluyó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron insuficientes para sustentar una apertura a juicio de fondo contra los exfuncionarios.

El fallo y sus efectos legales

Además de Castillo y Peralta, el tribunal favoreció con el «no ha lugar» a Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena. Como consecuencia directa de esta resolución, la jueza ordenó:

• Cese inmediato de todas las medidas de coerción de carácter personal que pesaban sobre los ciudadanos beneficiados.
• Levantamiento de todas las oposiciones financieras e inmobiliarias impuestas durante la etapa de investigación.
• Exclusión total del proceso como terceros civilmente demandados de varias personas y entidades, incluyendo la firma de abogados Alexis Rodríguez y Asociados.

Donald Guerrero y otros 28 seguirán en el proceso

Contrario a la suerte de Castillo y Peralta, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, no logró desvincularse del proceso. La magistrada Ramírez decidió enviarlo a juicio de fondo, junto a otros 28 imputados, entre los que destaca el abogado Ángel Lockward.

La defensa de Guerrero reaccionó de inmediato, cuestionando la legalidad de las pruebas presentadas por la Contraloría General de la República. Sus abogados sostienen que los informes poseen «vicios de origen» y han reiterado su alegato de que la acción penal contra su cliente ya se encuentra prescrita, un argumento que deberá dirimirse en la próxima etapa judicial.

Reacciones en el Palacio de Justicia

A su salida del tribunal, Gonzalo Castillo se mostró firme al declarar ante la prensa: “Voy con tó”. El exministro ha sostenido durante los últimos cinco años que su gestión estuvo marcada por la transparencia y ha calificado las acusaciones en su contra como carentes de fundamento.

Por su parte, el Ministerio Público, que había solicitado formalmente el auto de apertura a juicio para todo el entramado, se enfrenta a un revés significativo. La acusación original incluía cargos graves como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.

Contexto de un caso prolongado

Este proceso, que ha estado bajo la lupa pública desde los primeros interrogatorios en febrero de 2021, continúa su curso para el grueso de los imputados. Mientras tanto, el sistema judicial también tiene pendiente la situación del exsenador Rafael Porfirio Calderón, cuyo proceso fue separado provisionalmente por motivos de salud y cuya audiencia de fallo fue fijada para el próximo 19 de junio.

Con esta decisión, el Caso Calamar entra en una nueva fase, donde la atención se centra ahora en el inicio del juicio de fondo para los imputados que deberán responder ante el tribunal.