SANTO DOMINGO – El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró su incompetencia para conocer la recusación presentada contra la magistrada Isis Muñiz, jueza de instrucción especial a cargo del proceso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.

Mediante la Resolución núm. 49-2026, el Pleno determinó que, de acuerdo con los artículos 82 y 83 del Código Procesal Penal (CPP), la responsabilidad de decidir sobre dicha recusación recae sobre la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Fundamentos de la Resolución El alto tribunal fundamentó su decisión en que el trámite para apartar a un juez por presunta falta de imparcialidad debe agotarse en la instancia correspondiente antes de escalar a la máxima autoridad judicial. La SCJ sostuvo que, al no verse afectado el quórum de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, son los pares de la magistrada quienes deben evaluar los méritos de la acción interpuesta por la defensa.

Antecedentes del recurso La recusación fue depositada por los abogados Alberto Delgado y Valentín Medrano, defensores del fiscal imputado. Los juristas alegan que la imparcialidad de la magistrada Muñiz se encuentra comprometida, argumentando que ella autorizó previamente diligencias investigativas críticas, como la «entrega vigilada» del dinero del supuesto soborno.

Aunque la magistrada rechazó los cuestionamientos y decidió no inhibirse de forma voluntaria, el ordenamiento jurídico establece que, ante la objeción de las partes, el expediente debe ser elevado para un fallo definitivo sobre su permanencia en el proceso.

El Caso Valdez Alcántara El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien desempeñaba funciones en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), es señalado por el Ministerio Público de recibir dinero de un testigo vinculado a una investigación sobre el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

El órgano persecutor ha solicitado la imposición de un año de prisión preventiva, advirtiendo sobre el riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar la investigación aprovechando su conocimiento y posición dentro del sistema de justicia dominicano.

Con la remisión del expediente, la Corte de Apelación del Distrito Nacional deberá decidir a la brevedad si la magistrada Muñiz continúa al frente del control de las garantías en este proceso.