El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), comprometido con una gestión pública responsable, el uso eficiente de los recursos del Estado y la defensa del interés nacional, considera necesario llamar la atención del país sobre una realidad que no puede ser ignorada.

En la acostumbrada rueda de prensa de la organización, la vicepresidenta Zoraima Cuello tuvo a su cargo la lectura del documento.

De acuerdo con datos oficiales publicados por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), desde el año 2021 a la fecha el Gobierno ha comprometido más de RD$22,369 millones en contratos de alquiler de inmuebles. Estas cifras corresponden exclusivamente a instituciones del Poder Ejecutivo y entidades descentralizadas, excluyendo ayuntamientos y otras dependencias estatales.

Este no es un dato menor. Se trata de una señal clara sobre cómo se están utilizando los recursos aportados por la ciudadanía y las decisiones que se están tomando respecto al gasto público.

En 2025, la contratación en la cuenta presupuestaria de alquileres y rentas de edificios y locales superó los RD$5,000 millones para el Gobierno Central, el nivel más alto del período. Actualmente existen 865 contratos activos registrados en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Para 2026, se ha presupuestado un gasto de RD$6,898 millones en este mismo renglón.

El punto no es si el Estado debe o no alquilar. Existen casos en los que es necesario. La cuestión es si corresponde hacerlo de esta manera, sin una política clara, en un contexto donde el país enfrenta demandas urgentes.

Mientras se comprometen miles de millones en alquileres:

Se argumenta que no hay recursos suficientes para la indexación salarial.
Se aplican aumentos en los combustibles a la ciudadanía.
Persisten limitaciones en los servicios de salud y en la cobertura de la seguridad social.

Lo que se observa no es solo un aumento descontrolado del gasto, sino la ausencia de una visión de país. Estos recursos pudieron destinarse a aliviar las presiones reales de la población, mejorar los servicios públicos y construir soluciones permanentes.

Cada peso comprometido en alquileres sin una estrategia clara es un peso que no se invierte en el patrimonio público.

Resulta igualmente preocupante que el 80% de este gasto se concentre en apenas 20 instituciones públicas, lo que evidencia una alta concentración que amerita revisar con seriedad los criterios de planificación y el manejo eficiente de los recursos.

Asimismo, preocupa la existencia de contratos adjudicados a proveedores previamente sancionados por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Tal es el caso de Kury Limited, que, pese a haber sido suspendido por prácticas fraudulentas, mantiene contratos vigentes, lo que constituye una grave distorsión institucional.

Ante esta situación, el Partido de la Liberación Dominicana demanda:

Una auditoría integral de los contratos de alquiler desde 2021 hasta la fecha.
La formulación de un Plan Nacional de Infraestructura Pública con metas claras de reducción progresiva del gasto en alquileres.
La creación de un inventario único de activos del Estado que permita una gestión eficiente, transparente y sostenible en el tiempo.

El PLD reafirma su compromiso de fiscalizar, proponer y advertir con responsabilidad. Gobernar para el bien común del pueblo dominicano requiere tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, no que comprometan el futuro de las próximas generaciones.