SANTO DOMINGO. – Tras los recientes escándalos que vinculan a funcionarios públicos con el crimen organizado y el narcotráfico internacional, el Congreso Nacional evalúa un proyecto de ley que obligaría a las organizaciones políticas a implementar rigurosos controles internos y programas de cumplimiento.

Contexto y antecedentes

La pieza legislativa surge tras las condenas en Estados Unidos de exfuncionarios como el exdiputado Miguel Gutiérrez y el exregidor Edickson Herrera Silvestre, ambos pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Estos casos han generado un profundo cuestionamiento social sobre la vulnerabilidad de las estructuras partidarias frente al financiamiento ilícito y el lavado de activos.

Creación de Unidades de Cumplimiento

El proyecto, depositado formalmente por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, propone en su artículo 69 la obligatoriedad de que cada partido cree una unidad especializada o designe a un «oficial de cumplimiento».

Este equipo tendría las siguientes responsabilidades:

• Implementar y supervisar programas internos de prevención.
• Identificar el origen de todos los fondos recibidos por la organización.
• Gestionar alertas sobre operaciones inusuales o sospechosas.
• Prevenir el lavado de activos y el financiamiento de actividades criminales.

Requisitos estrictos para precandidatos

La propuesta busca elevar el estándar de integridad de quienes aspiren a cargos de elección popular. Entre los nuevos requisitos obligatorios se incluyen:

1. Declaración jurada de bienes.
2. Certificación de no antecedentes penales emitida por autoridades dominicanas.
3. Certificación de antecedentes penales de los países donde el aspirante haya residido en los últimos 15 años.
4. Autorización expresa para que el partido verifique la veracidad de la información ante entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras.

Inhabilitación y Debida Diligencia

De ser aprobada, la ley exigirá que los partidos acrediten formalmente que cada precandidato ha pasado por un proceso de «debida diligencia». Asimismo, se contempla la creación de nuevas causales de inhabilitación para aquellos militantes que no puedan demostrar la integridad de su perfil o el origen de sus recursos, cerrando así el paso a figuras vinculadas a estructuras delictivas antes de que lleguen a las boletas electorales.