SANTO DOMINGO. – La Secretaría de Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó este lunes sobre el «riesgo ambiental» que enfrenta la República Dominicana, denunciando lo que califica como una gestión basada en la emisión masiva de permisos en detrimento de la fiscalización y la protección de los ecosistemas.

Cuestionan métricas de eficiencia

Durante una rueda de prensa encabezada por Alfonso Ureña, titular de la secretaría ambiental del partido, la organización opositora señaló que el anuncio oficial de haber otorgado más de 6,500 autorizaciones no debe considerarse un logro. Según el PLD, la Ley 64-00 establece que el éxito de la gestión debe medirse por la sostenibilidad y el rigor de las evaluaciones, no por la velocidad de los trámites.

“Cuando la gestión se reduce a la tramitación acelerada, el Estado pierde su capacidad de regulación, dejando los ecosistemas expuestos a presiones insostenibles”, sostuvo Ureña, quien estuvo acompañado por el miembro del Comité Político, Elías Cornelio, y otros dirigentes del área.

Casos críticos y conflictos sociales

La organización citó ejemplos específicos que, a su juicio, evidencian la falta de rigor normativo:

• Daños a humedales y manglares en Las Terrenas.
• Instalación de barcazas en zonas sensibles de Los Negros, Azua.
• Conflictos mineros en la Cordillera Septentrional y San Juan de la Maguana.
• Persistencia de la tumba y quema en Los Haitises y ocupaciones en Valle Nuevo.

El PLD también hizo eco del reciente Sermón de las Siete Palabras y del Informe GEO 2024, los cuales coinciden en señalar el deterioro de la biodiversidad, la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas como la presa de Hatillo en Cotuí.

Llamado a la gobernanza

La organización concluyó que la actual «falta de respuesta institucional coherente» está provocando un auge en las movilizaciones sociales en defensa de los recursos naturales. En ese sentido, el PLD instó a las autoridades a abrir una discusión nacional para fortalecer la fiscalización ambiental y garantizar que el desarrollo económico no se realice a costa del patrimonio natural de los dominicanos.