SANTO DOMINGO – Mientras instituciones como el Indotel celebran el ahorro de miles de millones al mudarse a una sede propia, gran parte del aparato estatal dominicano continúa atrapado en una red de alquileres que le cuesta al país más de 3,000 millones de pesos. Datos de la Contraloría General y la Dirección de Contrataciones Públicas revelan una realidad preocupante: el Estado gasta fortunas en edificios ajenos en lugar de invertir en patrimonio propio.

Los contratos del escándalo: OGTIC y Vivienda

Uno de los casos más mediáticos ha sido el de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). Bajo la gestión de Bartolomé Pujals, la entidad firmó un contrato por más de RD$1,400 millones para ocupar cinco pisos del edificio Vista 311 por un periodo de 10 años. Aunque se realizó a través de Inmobiliaria Reservas, el monto ha generado fuertes críticas sobre la priorización del gasto público.

Por su parte, el Ministerio de la Vivienda (MIVHED), una institución irónicamente creada para gestionar soluciones habitacionales, opera desde hace dos años en un edificio alquilado en el sector de Gazcue, con contratos que superan los 11 millones de pesos solo por periodos de 24 meses.

---

El mapa de la renta pública

La dependencia del sector inmobiliario privado se extiende por diversas áreas estratégicas:

• Consejo Nacional de Competitividad: Comprometido a pagar RD$145 millones en un plazo de cinco años por su sede en la avenida Enrique Jiménez Moya.
• Dirección de Emergencias Extrahospitalarias (DAEH): Desembolsa mensualmente 2.9 millones de pesos por un edificio en la avenida Los Próceres.
• Tesorería de la Seguridad Social: Eroga 1.7 millones de pesos cada mes por una estructura en el sector de Naco.
• Efemérides Patrias: Paga más de RD$645 mil mensuales por su local en Gazcue.

---

La excepción: El modelo de ahorro del Indotel

Frente a este panorama de gastos fijos, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) marcó un precedente el pasado 22 de enero al inaugurar su sede propia. Tras 24 años como inquilino en la avenida Abraham Lincoln, la institución proyecta un ahorro de RD$1,540 millones para el Estado en la próxima década.

Este caso demuestra que la inversión en infraestructuras gubernamentales propias no solo fortalece el patrimonio público, sino que libera recursos que podrían ser destinados a áreas críticas como salud o educación. Sin embargo, por ahora, el «Estado inquilino» parece ser la norma y no la excepción en la administración pública dominicana.