El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Pensilvania, Delaware y el sur de Nueva Jersey, José Joaquín Mota, afirmó durante un encuentro en la ciudad de Hazleton que las autoridades emanadas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) podrían ser objeto de un proceso de impeachment y eventual destitución, debido al presunto uso de fondos ilícitos provenientes del narcotráfico en campañas electorales.

La declaración fue ofrecida el pasado fin de semana durante una reunión con simpatizantes del PLD, donde Mota —miembro del Comité Central de esa organización— abordó el creciente debate sobre la supuesta infiltración de dinero del narcotráfico en el sistema político dominicano.

En los últimos meses, el tema ha cobrado relevancia a raíz de que varios funcionarios y allegados al partido de gobierno han sido solicitados en extradición o mencionados en expedientes judiciales tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana.

“Vamos a explicar esto de una manera clara”, dijo Mota. “En esta nación (EE.UU.) hemos visto casos de impeachment y descalificación de funcionarios, incluso de presidentes, por hechos mucho menores”.

El dirigente citó como ejemplos el caso de Richard Nixon, quien renunció a la presidencia en 1974 tras el escándalo de Watergate, así como los casos más recientes de los políticos estadounidenses Bob Menéndez y John Edwards, este último acusado en 2008 de usar fondos de campaña para ocultar un romance.

Mota subrayó que, al igual que en Estados Unidos, las leyes dominicanas prohíben explícitamente el uso de dinero ilícito en las campañas electorales.

Recordó que la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 64, numerales 3 y 4, define como contribuciones ilícitas los aportes de actividades delictivas o de procedencia no verificable. Además, dicha ley considera ilegal recibir fondos provenientes de la corrupción, el narcotráfico, gobiernos extranjeros o entidades no autorizadas.

Asimismo, señaló que la Ley Orgánica del Régimen Electoral 20-23 establece sanciones penales, incluyendo multas, prisión y descalificación política, para quienes financien campañas con dinero ilícito.

De igual forma, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

“Esto significa que en la República Dominicana un funcionario electo con fondos ilícitos puede perder su cargo, ser condenado a prisión y quedar descalificado permanentemente de la política”, explicó Mota.

El dirigente peledeísta afirmó que existen numerosas evidencias que vinculan a casi una veintena de personas con el uso de dinero del narcotráfico en procesos electorales. Entre los nombres mencionados figuran Yamil Abreu, exdirector municipal; Miguel Gutiérrez, exdiputado condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos; Rosa Amalia Pilarte, exdiputada condenada a 5 años en República Dominicana; Faustina Guerrero, Nelson Marmolejos Gil, Edición Herrera (“Yeyea”), y Enriquillo Brito, entre otros.

Según Mota, varios de ellos admitieron públicamente haber financiado campañas electorales, lo que —a su juicio— pone en entredicho la legitimidad de los cargos obtenidos por el PRM en los últimos comicios.

El dirigente concluyó señalando que corresponde ahora a la Junta Central Electoral, el Congreso y la Procuraduría General de la República actuar conforme a la ley para iniciar los procesos de investigación y, de ser necesario, enjuiciar e inhabilitar a las autoridades que resulten vinculadas al uso de dinero ilícito.

“Los casos en República Dominicana son incluso más graves que los ocurridos en Estados Unidos”, dijo. “Si tuviéramos autoridades verdaderamente independientes, ya la fiscalía estaría investigando y sometiendo a quienes han violado la ley”.