
Verón-Punta Cana, La Altagracia. – Decenas de ciudadanos haitianos abandonaron en los últimos días la comunidad de Friusa, en el distrito municipal Verón-Punta Cana, tras abordar varios autobuses que, según reporta el periódico Listín Diario, habrían sido enviados desde Haití para facilitar su retorno.
Según señala ese medio, videos enviados a su redacción muestran a grupos de extranjeros subiendo a los vehículos en medio de un ambiente de vigilancia y control. Esta zona, también conocida como “El Hoyo de Friusa”, ha sido uno de los principales puntos focales de los operativos migratorios desplegados por el Gobierno dominicano en los últimos meses.
A principios de abril, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, anunció la instalación de una nueva unidad militar interagencial en la zona. “En principio vamos a hacer un interagencial donde van a haber fuerzas de diferentes instituciones para operar en esa zona, garantizar la seguridad y apoyar el control migratorio”, declaró durante una entrevista en el programa “El Gobierno de la Mañana”.
Esta nueva unidad funcionará con un esquema similar al que se implementa en la frontera, con representación de todos los organismos de seguridad del Estado y preponderancia de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de proteger la estabilidad de la zona y asegurar el desarrollo turístico.
La marcha patriótica y los arrestos
Recientemente, Friusa fue escenario de una “marcha patriótica” convocada por la organización Antigua Orden Dominicana, la cual concluyó con 32 personas arrestadas y el decomiso de un arma de fuego y cuatro armas blancas (dos machetes y dos cuchillos). Para garantizar la seguridad, más de 2,500 agentes de diferentes cuerpos castrenses fueron desplegados en el área.
Operativos en Mata Mosquito
Por otro lado, en el sector Monte Verde, conocido como Mata Mosquito, también se llevaron a cabo múltiples intervenciones migratorias. Agentes de la Policía Nacional y del Ejército participaron en un operativo que culminó con la demolición de centenares de casuchas y edificaciones, algunas de hasta tres niveles.
Estas acciones responden al reforzamiento de las políticas de control migratorio aplicadas en zonas turísticas, en medio de una creciente preocupación por la inmigración irregular en el país.
