La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Dirección de Persecución que encabeza Wilson Camacho, ha iniciado una serie de diligencias procesales en contra del empresario Antonio Espaillat López, tras recibir informes de que estaría intentando transferir bienes a su nombre, en lo que el Ministerio Público interpreta como una posible maniobra para evadir responsabilidades legales y económicas frente a las víctimas del colapso en la discoteca Jet Set.

Como parte de la investigación por la tragedia ocurrida el pasado martes 8 de abril —en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas— se ha procedido a la inmovilización de propiedades vinculadas al empresario, incluyendo las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otros activos en movimiento.

Según el Ministerio Público, estas medidas buscan garantizar la protección de los derechos de las víctimas, luego de que el techo de concreto del emblemático centro de entretenimiento colapsara por completo durante una fiesta encabezada por el merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el suceso.