Santo Domingo, RD. – El vicesecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el proceso judicial contra Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, constituye una clara persecución política, carente de base legal, orquestada por un Ministerio Público que se autodenomina “independiente”.

Joselito Feliz, vicesecretario del PLD y comunicador, reaccionó a las recientes declaraciones de la abogada Laura Acosta, quien reveló presuntas irregularidades en el expediente judicial del caso Calamar. A través de su cuenta en la red social X, Feliz expresó:

“Esto es grave. La revelación de la abogada Laura Acosta (@madamesaga) evidencia que este caso ha sido una persecución política contra Gonzalo Castillo, sin sustento ni argumentos, orquestada por un Ministerio Público llamado ‘independiente’. ¡Qué rastrería!”, afirmó Feliz.

El caso Calamar involucra a varios exfuncionarios del pasado gobierno y ha sido ampliamente cuestionado por supuestas violaciones al debido proceso y por el uso de la justicia con fines políticos.

Defensa de Gonzalo Castillo

Por su parte, la abogada Laura Acosta, defensora de Gonzalo Castillo, calificó como “inadmisible” la acusación presentada por el Ministerio Público. Según Acosta, el Ministerio Público presentó la acusación fuera del plazo legal estipulado, por lo que solicitó al tribunal que la declare nula.

Acosta detalló que el expediente acusatorio no fue depositado el 25 de abril del año pasado, como alegó el Ministerio Público, y pidió que se cite a los testigos que supuestamente recibieron y sellaron el documento en cuestión. También cuestionó la validez de varios documentos presentados como pruebas por el Ministerio Público, procedentes de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la Superintendencia de Bancos y el Banco de Reservas.

Según la abogada, dichos documentos fueron entregados el 25 de abril, pero el Ministerio Público los habría analizado y procesado en menos de tres horas, lo que considera una grave irregularidad.

Contexto del caso Calamar

El caso Calamar ha captado la atención pública desde marzo de 2023, cuando la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los imputados, incluyendo al exministro de Hacienda Donald Guerrero, al exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo, entre otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. A los imputados se les acusa de sustraer al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.

En abril de 2023, la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, defendió la solidez del expediente presentado por el Ministerio Público y destacó la decisión del tribunal de imponer medidas coercitivas, señalando que los incidentes presentados por los abogados de los imputados no habían afectado el curso del proceso.

Sin embargo, la situación sigue siendo objeto de controversia. Mientras el Ministerio Público defiende la legitimidad del proceso, sectores de la oposición y analistas políticos insisten en que el caso podría estar siendo utilizado con fines políticos, en un intento de dañar la imagen de los exfuncionarios del gobierno de Medina.