La Fiscalía del Distrito Nacional esgrime “problemas técnicos” relacionados con el sistema informático para impedir la puesta en libertad del ciudadano canadiense Antonio Carbone, ordenada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el pasado 4 de enero. Con esos argumentos y argucias, el ministerio público soslaya los derechos y las libertades que le confiere a Carbone el Estado de Derecho y vulnera de forma explícita la ejecución de una sentencia que ordenaba su puesta en libertad.

Según la Fiscalía, los problemas en la comunicación entre sus servidores y los de la Procuraduría General de la República han provocado una interrupción con la red, inhabilitando todos los sistemas informáticos. Esta explicación, según parece, se ha perpetuado en el tiempo hasta la fecha actual y es la justificación oficiosa para que Carbone continúe de forma ilegal en prisión desde el 28 de enero de 2016, cuando finalizó su prisión preventiva.

Esta anomalía legal podría revertirse si se acepta la acción de Habeas Corpus presentada el 23 de enero por la defensa del empresario ante el magistrado juez presidente de la Cámara Penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional. Además, los letrados han denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la República lo que consideran “obstrucción a la justicia y desacato” por parte de funcionarios públicos para impedir la puesta en libertad de su cliente.

En este sentido, los abogados Emil Chahin Constanzo, Emil Chahin De Los Santos y Jorge Antonio López Hilario han solicitado que la Fiscalía emita un oficio o autorización para la inmediata puesta en libertad de Antonio Carbone y piden al Procurador General de la República que ordene “una exhaustiva investigación” a los fines de determinar las responsabilidades de los funcionarios del Ministerio Público “que han obstaculizado arbitrariamente la puesta en libertad de Antonio Carbone en desacato de la resolución dictada el 4 de enero pasado”. Se denuncia también el mal uso del sistema judicial al utilizar tretas jurídicas, como la recusación del juez que conocía la acción de Habeas Corpus, para mantener privado de libertad a Antonio Carbone.

La anómala situación procesal en la que se encuentra el empresario e inversionista extranjero es motivo de amplias críticas de diversos colectivos de derechos humanos, que denuncian la flagrante vulneración de los principios de presunción de inocencia por parte del Ministerio Público a la que está siendo sometido el imputado.