Namphi Rodríguez critica la práctica del Gobierno de promulgar leyes para luego dejarlas sin efecto

 

El abogado Namphi Rodríguez advirtió que “late a inconstitucionalidad por atentar contra la seguridad jurídica de los ciudadanos”  la pretensión del Senado de impedir la vigencia de la nueva Ley del Notariado mediante la aprobación de la suspensión por un año.

 

Rodríguez puntualizó que cuando se ha cumplido con todos los trámites constitucionales lo que procede es la vigencia plena de la ley o, de lo contrario, su derogación por el Congreso o su declaratoria de nulidad por el Tribunal Constitucional.

 

El académico y presidente de la Fundación Prensa y Derecho dijo que aprobar una prórroga de suspensión posterior para una ley que ya surte sus efectos constitucionales contraviene los artículos 109 y 110 de la Constitución.

 

La  Ley  140.15, del Notariado, sustituye la vieja Ley 301 de 1964 y fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 7 de agosto pasado, fecha a partir de la cual se reputa de orden público y obligatoria para todos los ciudadanos.

 

Criticó que durante la administración del presidente Danilo Medina se recurra frecuentemente a prorrogar las leyes cuando plantean conflictos de intereses en vez de dar paso a procesos de negociación y consenso previo a su aprobación y promulgación.

 

El jurista alertó que lo que pretende hacer el Senado es desproteger la situaciones jurídicas nacidas al amparo de la nueva ley y dejar en un limbo a los ciudadanos que se benefician de su promulgación y entrada en vigencia.

 

Explicó que las personas que  han adquirido derechos en virtud de la nueva ley, no se le pueden suprimir volviendo a la normativa anterior, porque ello implicaría una grave situación de violación del Estado de Derecho para los ciudadanos.

 

“Estamos hablando de un asunto de gran trascendencia, pues el fundamento del ordenamiento constitucional es la seguridad jurídica como piedra angular del Estado de Derecho”, adujo.

 

Agregó que la promulgación y publicación de una ley marca el plazo del comienzo de su vigencia y que de acuerdo al artículo 109 de la Constitución lo que el Congreso pudo haber hecho fue incluir una “vatio legis” para que fuera la nueva ley la que determinara su efectividad en el ordenamiento jurídico.

 

“En el procedimiento constitucional dominicano lo que se hace es que cuando  el legislador no quiere que una ley surta sus efectos en lo inmediato incluye la figura de lavatio legis  que es una manera de amortizar el impacto de su efectividad sin perjudicar la seguridad jurídica ni a los ciudadanos”, señaló.

 

Rodríguez sostuvo que debido al conflicto de intereses que se ha planteado sobre la nueva Ley del Notariado, ya se advierte una discrepancia intercámaras, entre el Senado y los diputados, lo cual prolongaría aún más la situación de limbo jurídico.