El presidente Danilo Medina Sánchez sometió este viernes  al Congreso Nacional, vía el Senado,  el “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado por las Naciones Unidas el 2 de abril de 2013, y suscrito por  el país, el 3 de julio del año pasado.

El tratado  tiene  por  objeto establecer  normas internacionales comunes, lo más estrictas  posibles para mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales, prevenir  y eliminar el tráfico ilícito y su desvío.

También  tiene  como  fin contribuir a la paz,  seguridad y estabilidad en el ámbito regional e internacional.

En su carta al presidente del Senado, Reinado Pared Pérez, el jefe del Estado dice que el Tratado sobre el Comercio de Armas, tiene como propósito reducir sufrimiento humano; y promover  la cooperación, transparencia y actuación  responsable de los estados partes en el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos.

El tratado se aplicará a todas las armas convencionales, comprendidas en las categorías siguientes: carros de combate,  vehículos blindados  de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y armas pequeñas y ligeras.

El Tratado deberá ser ratificado por el Senado y  luego por la Cámara de Diputados.

En este sentido, en el artículo 5 del tratado se establece la aplicación general del mismo en el cual se plasma que cada  Estado  lo aplicará de manera coherente, objetivo y no discriminatorio, teniendo presentes los principios mencionados en él.

Asimismo, que cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema  nacional de control, incluida una lista nacional, para aplicar lo dispuesto en el tratado.

También se alienta a cada  Estado parte a que aplique lo dispuesto en el Tratado, a la mayor variedad posible de armas convencionales, entre otras disposiciones de carácter general.

A fin de aplicar el tratado, cada Estado parte podrá recabar asistencia, en particular, jurídica o legislativa; asistencia para el desarrollo de la capacidad institucional y técnica, material o financiera.

Esto podrá incluir la gestión de las asistencias, programas de desarme, desmovilización y reintegración, legislación modelo y prácticas eficaces de aplicación.

Además, el tratado tendrá  una duración ilimitada; y a la vez, cualquier Estado parte podrá retirarse del mismo, en el ejercicio de su soberanía nacional.

La retirada no eximirá a ningún Estado, de las obligaciones que le incumbían en virtud del Tratado mientras era parte de él, incluidas las obligaciones financieras que le fueran imputables.